| CAUSA CABALLERO

El Tribunal rechazó la totalidad de los planteos de nulidad presentados por la defensa de los 12 imputados por torturas. Con Gabino Manader comenzó la ronda de represores procesados que deberán sentarse en el banquillo de acusados. El expolicía imputado en 25 hechos se abstuvo de declarar pero advirtió que tiene una “carpeta de pruebas” para presentar en un futuro cercano. 

El noveno capítulo de la causa Caballero se desarrolló en la más completa tranquilidad; tanto fue así que ni siquiera el rechazo de la totalidad de las cuestiones preliminares presentadas por la defensa ni el debut de Gabino Manader en el banquillo de acusados suscitaron inconvenientes o cruces durante la audiencia. El represor imputado en 25 hechos negó haber participado en el terrorismo de Estado, anunció una misteriosa carpeta con pruebas que presentará oportunamente, cuando decida declarar.El martes a las 8 y 30 hs le toca el turno a los demás imputados por torturas en la ex Brigada de Investigaciones; Humberto Lucio Caballero, Ramón Andrés Gandola, Francisco Orlando Álvarez, Rubén Héctor Roldán, Oscar Alberto Galarza, José Tadeo Luis Bettolli, Luis Patetta, José Francisco Rodríguez Valiente, Enzo Breard y José Marín (alias “Cabo Sotelo”).

La audiencia comenzó a las 9 y 20, casi una hora después del horario fijado por el Tribunal que preside Víctor Alonso, junto con Lucrecia Rojas y Manuel Moreira. La réplica de la Fiscalía y de la querella a los planteos presentados por la defensa ocupó toda la mañana. Pasado el mediodía, después de un cuarto intermedio de una hora el juez Alonso detalló pormenorizadamente los fundamentos por los cuales se negó en su totalidad el pedido de la defensa. Parecía que todo acababa allí, pero Alonso sorpresivamente decidió continuar y mandó a llamar a Gabino Manader a sentarse en el banquillo de acusados para hacerle preguntas formales sobre sus datos personales y explicarle sus derechos y las garantías que lo asisten.
Gabino Manader; No sabe/ No contesta, pero tiene una “carpeta con pruebas”.
Alonso “madrugó” a todo el mundo; el que se imaginaba almorzando alguna que otra minuta, o entregándose al descanso de una siestita, de pronto comprendió que lo mejor estaba al caer: el represor con más hechos de torturas y vejámenes de toda la patota pasaba al banquillo de acusados por primera vez en su vida, a 34 años de los hechos y con una desproporcionada y ridícula custodia de tres agentes del Servicio Penitenciario Federal protegiéndolo de quién sabe qué.

Gabino Manader; No sabe/ no contesta pero tiene una “carpeta con pruebas”.
A Manader se le imputan 25 hechos de tortura, es soltero, tiene 69 años y está jubilado de la policía del Chaco. Nació en Pirané, Formosa, un 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora la Noche de los Lápices. Después de las preguntas se dio lectura a una serie de declaraciones indagatorias del represor tomadas el 10 de abril de 1987. Allí dijo “desconocer totalmente los hechos que se le imputan, afirmó que se dedicaba a investigar delitos comunes, y que no recuerda bien, pero cree que su jefe era Carlos Alcides Thomas. Negó conocer a los sobrevivientes que lo denunciaron, nunca tuvo contacto con ellos, supone que lo nombran por haber escuchado su nombre y que las denuncias son una confabulación en su contra…”
Terminadas las formalidades, con tono didáctico y calmo Alonso el explicó cuáles eran sus derechos y las garantías que lo asisten y le dijo que podía declarar o abstenerse, a lo Manader respondió: “Me voy a abstener y oportunamente voy a declarar”. Comenzó entonces la lectura de las fojas del expediente, cada una con un número, que debían ser leídas y el imputado constatar que sea su firma la que aparecía al pie de página. Las cifras y lo avanzado del horario dificultaron la tarea. Mientras juez, secretario, querellante y fiscales se concentraban en la lectura intentando no perder el hilo ni confundirse de foja, al tiempo que el imputado Galarza pedía permiso para ir al baño (concedido) un Manader más suelto de cuerpo interrumpía a cada tanto con un repetido latiguillo: “una aclaración, una aclaración”. A la cuarta o tercera vez el presidente Alonso lo paró en seco y mirándolo fijo a los ojos lo reprendió (ya había hecho algo parecido con el abogado Bosch) advirtiéndole: “Mire, usted si quiere declarar, declare, nosotros nos quedamos y lo escuchamos…”.  Manader rechazó la posibilidad pero señaló: “Tengo una carpeta con pruebas”. Comunicó que la presentará cuando decida declarar.

La Fiscalía
En representación del ministerio público los fiscales Horacio Francisco Rodríguez y Carlos Amad explicaron con detalle los fundamentos por los cuales el Tribunal debía denegar los pedidos de nulidad de la defensa por improcedentes y dilatorios. “Los requerimientos presentados por la Fiscalía son una herramienta eficaz para ejercer el derecho a la defensa. Niego rotundamente que exista imprecisión en la descripción de los hechos que se investigan y que los imputados desconozcan de qué se los acusa” afirmó Rodríguez, munido de una amplia jurisprudencia de fallos en causas sobre crímenes de lesa humanidad en el país y el exterior.
“De la simple lectura de los requerimientos impugnados surge claramente de qué se acusa a cada quién, y con qué pruebas. El estilo puede no gustarle a los imputados y sus defensores, pero no es ajeno al debido proceso”. Rodríguez dejó para el final la respuesta al abogado Gómez, el protagonista absoluto de la anterior audiencia, con una participación desbordada que más que un planteo preliminar fue un alegato que no dudó en traer a cuento a Jesús, la filosofía antigua y teorías jurídicas lombrossianas. “Gómez nos dio una clase de Filosofía -arremetió el fiscal- y dijo que la acusación en esta causa obedecía a razones políticas, y es al revés, su encendida defensa nos hace pensar que el que tiene un compromiso político es él.”
Seguidamente el fiscal Carlos Amad fue el encargado de continuar la contestación a los pedidos nulificantes. Amad concentró su exposición en los planteos de Osuna, sobre todo en el pedido de nulidad general por incumplimiento de hacer saber la opción del Art. 12 de la 24121 y en lo referente al Juez natural. “Corresponde señalar en primer lugar que el incumplimiento de hacer saber la opción no se encuentra previsto bajo sanción de nulidad- arrancó Amad-. Ahora bien, la defensa solo ha alegado que a su asistido se le ha privado de la opción, lo que acarrea un perjuicio, pero no refiere que perjuicio por lo que estamos ante un agravio vacío de contenido y ello tiene su razón, porque no hay perjuicio alguno en que se apliquen a las causas, que tramitaron por el Código anterior hoy vigente, el nuevo proceso penal no solo en sus etapas es más ventajoso, también lo es en la terminología empleada, porque a los delincuentes del viejo código hoy les decimos “imputados”, “procesados” o “acusados”.
“Confieso que he leído el Código de Justicia Militar – prosiguió Amad, cada vez más enérgico-, y tengo que decir que si lo pide, el señor defensor no sabe lo que quiere, porque ese Código reprimía con la degradación ante tropa armada, con fusilamiento por la espalda y funeral sin pompa. Piden patíbulo mientras acá lo que se está aplicando el la ley”. Respecto al planteo de nulidad por violación del imperativo de juez natural, Amad realizó un detalle de los fallos y resoluciones que ya solucionaron la cuestión. “Entiendo que el planteo no corresponde a esta etapa procesal y por ende debe ser rechazado – afirmó el fiscal-, en tanto que precluyó la oportunidad de efectuarlo, es decir, cuando los autos se encontraban en etapa de instrucción, atento a que el señor defensor durante la instrucción jamás dijo nada al respecto; es más, le pidió al juez que practique medidas, presentó testigos que fueron examinados, apeló resoluciones dictadas por él y ahora se le ocurre que dicho juez no podía actuar, lo que a las claras demuestra que con el planteo nuevamente se busca impunidad, dilatar más la causa, no se quiere el esclarecimiento de los hechos que se investigan y sólo se pretende declarar nulas las actuaciones instruidas al amparo de la Constitución”. “Le hacen decir a los códigos, a las leyes, y a las resoluciones de la corte cosas que no dicen. Los códigos no son manuales de chicanas. Por lo expresado deben imponerse las costas y negarse por improcedentes todos los planteos de la defensa”.

La Querella
Después de un breve cuarto intermedio el abogado querellante Mario Bosch refutó los pedidos de la defensa, “plagados de malicia procesal”. Primero le dedicó unos conceptos a Gómez: “Sus citas a la filosofía fueron muy interesantes pero no corresponden a esta etapa del proceso. Hizo una valoración de la prueba anticipada y afirmaciones generales, ninguna cuestión planteada, nada tiene que ver con las cuestiones preliminares pertinentes.” Después fue el turno de los planteos de Costilla: “Coincido en las formalidades que pide el Dr Costilla; donde no coincidimos es en que no se hayan cumplido los recaudos de descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos. Durante los seis días de lectura estuvimos escuchando hechos, con sus circunstancias y su lugar. Las similitudes entre los requerimientos corresponden a la explicación y contextualización del plan sistemático del terrorismo de Estado. De la propia descripción de los hechos surgen las condiciones de clandestinidad que impiden mayores precisiones, si bien se otorgan todas las descripciones exigibles”.
“La causa está elevada parcialmente porque hay muchos conexos que se siguen investigando, en parte por los retrasos producto de las dilaciones y las recusaciones presentadas. Y lo cierto es que desde que está Piñero se avanzó como nunca, su designación como juez en nada amenaza el derecho de defensa de los imputados, que saben perfectamente de qué se los acusa”.
El abogado no dejó pasar la ironía de trazo grueso de Osuna, quien la semana pasada alegó que no quedaba claro si la “imputación por torturas a Marín (uno de los más feroces guardiacárceles de la Sala Negra y ejecutante de un acordeón para tapar los gritos de las víctimas) era porque golpeaba con el instrumento o porque tocaba mal.” Al respecto Bosch fue categórico: “Banalizar las atrocidades que se investigan es una barbaridad.”
Una vez finalizada la alocución de Mario Bosch, cerca de las once y media de la mañana, el presidente Alonso anunció un cuarto intermedio de “no menos de una hora” para que el Tribunal deliberara. Bosch tendría una participación destacada durante la entrevista a Manader. El abogado querellante solicitó la exposición de la picana descubierta por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el año 2008 durante las excavaciones realizadas en la actual Casa por la Memoria y ex sede del centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones durante la última dictadura cívico-militar. El juez Alonso informó que oportunamente se les mostrará a todos los imputados los elementos encontrados en los sótanos de tortura descubiertos por el EAAF.

La defensa
En el banquillo de la defensa que ejercen Ricardo Osuna, José Cardozo, Oscar Gómez y el defensor oficial Juan Manuel Costilla estuvo ausente la doctora Mongeló y regresó Pedro Adolfo Mañanes. Además se sumó Federico Carniel como defensor oficial, repitiéndose de esta manera la dupla que conforma junto a Costilla en la causa Masacre de Margarita Belén. Salvo Osuna, muy risueño cada vez que los fiscales o la querella atacaban sus planteos, los demás letrados encargados de realizar la defensa técnica de los policías y militares de la “patota de Investigaciones” permanecieron en el más absoluto silencio.

Un Fiscal sospechoso

Mientras contestaba las preguntas a Alonso, un inquisitivo Manader manifestó tener dudas sobre “quiénes son los fiscales”. “A Bosch lo conozco, pero ese señor de anteojos no sé quién es”, manifestó. Un murmullo de risa y nerviosismo cundió entre todos los presentes. El juez Alonso le clavó los ojos al imputado devenido interrogador y con aspereza le espetó: “Ese señor es el Fiscal Horacio Rodríguez, pertenece al cuerpo del Ministerio Público Fiscal. ” Un amilanado Manader agradeció la información y no dijo nada más.

Fueron cuatro horas de lectura por la mañana e igual cantidad de tiempo por la tarde. De todas maneras, la secretaría no pudo finalizar de leer el auto de elevación a juicio, que se retomará hoy.
Como en la quinta jornada, continuó ayer la lectura del auto de elevación a juicio oral y público en el marco de la Causa Caballero realizado por el conjuez Juan Antonio Piñero, haciendo que la audiencia algo parecido a una maratón olímpica para llegar a la meta a pesar de cualquier cansancio físico.

Por Marcos Salomón (más…)

El dato surgió ayer, cuando finalizaba la lectura del requerimiento fiscal. El juicio continuará hoy a las 8.30 en la Facultad de Ingeniería. Un imputado con un ataque de tos, otro con diabetes y un tercero con ganas de ir al baño, motivos de varios cuartos intermedios. Como el primer día, la jornada de ayer del juicio oral y público por la Causa Caballero transcurrió con absoluta calma y normalidad, hasta finalizar la lectura completa del requerimiento fiscal contra los doce represores imputados (dos ex militares y diez ex policías) por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Chaco, entre 1975 y 1979.

 

Por Marcos Salomón

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Roberto Mazzoni fue sobreseído el 21 de este mes por el conjuez Juan Antonio Piñero en el marco de la detención ilegal y torturas que sufrió Hugo Barúa en 1975. La fiscalía apeló la medida.

El conjuez federal, Juan Antonio Piñero, decidió sobreseer al ex fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni, en el marco de las torturas y posterior detención ilegal que sufrió Hugo Barúa en septiembre de 1975, hecho que forma parte de la causa Caballero. La fiscalía de Resistencia apeló esta decisión señalando que hay testimonios contundentes que sostienen que Mazzoni acompañó a los policías que realizaron ese operativo clandestino, donde antes de detener y trasladar a Barúa a la Brigada de Investigación, fue brutalmente torturado.

Según pudo saber CHACO DÍA POR DÍA, el 21 de este mes Piñero decretó el sobreseimiento de Mazzoni en este caso en particular al considerar que si bien es cierto que hay muchos testimonios que lo vinculan a este procedimiento clandestino, no existe ninguna prueba que el exfiscal haya participado de las torturas contra Barúa.

En este marco, Mazzoni se había defendido en este caso argumentando que no estuvo en la casa del detenido el día que lo asegura Barúa, señalando que a la hora en que fue acusado de estar en ese procedimiento se encontraba en el café La Biela, ubicada en el macrocentro de Resistencia.

La denuncia de Barúa señala que el 9 de septiembre de 1975 fue detenido en su casa de Villa Centenario por un grupo de policías y gendarmes. Del procedimiento participaron los policías José Cardozo y Gabino Manader, y el gendarme “de apellido Sanchistella”. Junto a ellos se encontraba el exfiscal Mazzoni. Según Barúa, entraron a su habitación Manader, Cardozo y Mazzoni y sacaron a su madre afuera. Luego empezó en la misma pieza la sesión de golpes y torturas. Manader y Cardozo lo golpeaban en distintas partes del cuerpo. Cardozo tenía la pistola en la mano y con ella lo golpeaba y ponía el caño en el ombligo de Barúa. La sesión de torturas duró más de quince minutos y luego lo llevaron a la Brigada, donde estuvo una semana detenido. Todo esto fue presenciado por Mazzoni, quien sólo observaba, según el denunciante.

UNA HISTORIA
Antes de que lo echaran, Mazzoni renunció a su cargo a fines de diciembre de 2007 a poco de que se le iniciara un Jury de Enjuiciamiento que fue dispuesto por el Procurador General de la Nación Esteban Righi. La medida se iba a concretar por haber consentido y participado en violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar.

Mazzoni fue secretario del juzgado federal de Resistencia desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976, cuando lo nombraron fiscal. En 1992 pasó a ocupar el puesto de fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones. Flores Leyes fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde el diciembre de 1974 hasta 1992. Ese año pasó a ser fiscal federal de Resistencia hasta su renuncia.

Righi había ordenado la apertura del Jurado de  Enjuiciamiento (que quedó en suspenso luego de la renuncia de Mazzoni) después de recibir un informe elaborado por el fiscal Félix Crous con testimonios que involucraban a exfiscal y a su par recientemente fallecido, Carlos Flores Leyes, con el terrorismo de Estado.

La lista de acusaciones incluye la omisión de denunciar torturas sufridas por presos que estaban a su cargo, la omisión de investigar el asesinato de uno de los fusilados en la masacre de Margarita Belén, no haber dado auxilio médico a los detenidos que denunciaron haber sido torturados -ni siquiera a aquellos que pidieron asistencia-; no haber dado protección a dos detenidas que estaban embarazadas ni preocuparse luego por la salud de los recién nacidos, y haber obligado a los presos a declarar mediante amenazas. Pero, además, entre las imputaciones también figura la de haber sido autor directo en la imposición de torturas físicas o psicológicas.

Fuente: WWW. CHACODIAPORDIA.COM.AR

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